14.3. La crisis económica y la crisis política llega a españa.

Noticia 4:

Tribuna/Tribuna libre
Crisis económica y crisis política. Una política económica para España

Por Mikel Buesa, miércoles, 01 de abril de 2009

Que la economía española está atravesando una de sus más graves crisis dentro del marco general de la crisis financiera internacional, es una verdad indiscutible que hoy se acepta incluso por el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero, tan reacio hace sólo unos meses incluso a emplear el vocablo que describe esa situación. Las cifras en las que esa crisis se expresa —caída de la producción, especialmente en los sectores industrial y de la construcción, reducción del PIB, aumento del desempleo, desequilibrio en las cuentas públicas y tasas de variación en los precios que preludian la deflación— son extremadamente negativas, de manera que hoy no se discute ya acerca de su profundidad, sino tan sólo sobre cuál será la duración del período sobre el que van a extenderse.

Las previsiones del Gobierno, expresadas en laActualización de Programa de Estabilidad, señalan para 2009 una reducción del 1,6 por 100 en el PIB, un nivel de desempleo del 15,9 por 100 de la población activa —equivalente a 3,6 millones de parados—, una disminución de la inflación (IPC) hasta el 1 por 100 —con caídas significativas en los precios de los bienes de inversión y de las importaciones—, un desequilibrio en las cuentas exteriores del orden del 6,6 por 100 del PIB, y un abultado déficit público hasta alcanzar el 5,8 por 100 del PIB. Sin embargo, el consenso de los analistas nacionales de la coyuntura económica es aún más negativo y así lo han expresado también la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a la duración de la crisis, aunque en el Ministerio de Economía se espera que en el año próximo remonte la producción y se reduzca el desempleo, no parece ser ese el diagnóstico de los demás observadores de la realidad económica española, ni tal perspectiva se compadece con el resultado de la experiencia internacional. Un estudio recientemente publicado por el FMI, en el que se han examinado 122 episodios de recesión en los 21 países de la OCDE entre 1960 y 2007, ha concluido a este respecto que, cuando coinciden las contracciones crediticias con la reducción de los precios de los activos inmobiliarios y de las acciones negociadas en los mercados de valores —es decir, cunado se dan las circunstancias por las que actualmente atraviesa la economía española—, las crisis, en promedio, duran algo más de cuatro años y conducen a contracciones acumuladas del PIB del orden del seis por ciento.


Por tanto, ni el más agorero de los economistas podría exagerar la magnitud del problema al que nos enfrentamos los españoles: recesión, desempleo masivo y deflación son elementos que preludian un período de depresión que no sólo será largo, sino también incierto, aunque ambas circunstancias dependerán a su vez de los errores y aciertos de la política económica. ¿Cuáles tendrían que ser, en esta situación, los objetivos de esta última? Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que la crisis española es a la vez financiera y real, y que se inscribe en el marco de una crisis internacional generalizada, la política económica tendría que abordar simultáneamente los cuatro objetivos siguientes:

• En primer lugar, la estabilización financiera a fin de que el sistema crediticio se sanee reflejando, lo antes posible, la desvalorización de sus activos y se recupere así la confianza en las entidades bancarias, de modo que se reemprendan con suficiente intensidad sus actividades de intermediación entre el ahorro y la inversión del sector privado.
• En segundo término, la reactivación a corto plazo de la demanda de inversión con objeto de salvar el desajuste de la oferta con una demanda efectiva insuficiente.
• En tercer lugar, la transformación del modelo productivo mediante la reasignación de los recursos de capital desde los sectores de la construcción e inmobiliario hacia las ramas industriales y de servicios cuya demanda puede ser expansiva en el medio plazo.
• Y, finalmente, el incentivo a la competitividad microeconómica para hacer crecer los niveles de productividad y la capacidad de equilibrar el sector exterior.

Enseguida haré una alusión más detallada a estos objetivos, al modo como el Gobierno los está acometiendo y a la instrumentación necesaria para alcanzarlos. Pero antes creo necesaria una reflexión más general acerca de la capacidad del Estado para desarrollar una política económica de esta naturaleza. La multiplicidad de los objetivos a abordar, su complejidad y los reducidos grados de libertad con los que se cuenta, hacen que, en este caso, se requiera una acción coordinada de todas las Administraciones Públicas —el Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales— bajo la dirección del Gobierno.


Tal coordinación es, en la práctica, inexistente, como se ha puesto de relieve en la elaboración de los presupuestos de las diferentes Administraciones para 2009. Un repaso de las cuentas autonómicas señala que se han registrado todo tipo de políticas, desde la austeridad —las menos— hasta la expansión descontrolada en el gasto corriente —las más—; y desde la restricción en las inversiones hasta el incremento moderado de éstas. Y lo mismo puede decirse de unos Ayuntamientos que han sido incapaces de ajustar su gasto a la reducción de ingresos que se ha derivado de la crisis de los mercados inmobiliarios, y que además reclaman dinero para ejercer unas competencias que denominan «impropias» y que no son sino el resultado de la invasión de los cometidos de las otras Administraciones, bajo la presión de unos desmesurados afanes clientelares teñidos de populismo.


La descoordinación de la política económica es el resultado del ejercicio de la autonomía de cada uno de los niveles de gobierno, por una parte. Es también consecuencia, por otra, de la renuncia del Estado a ejercer las competencias residuales de ordenación general que le permitirían limitar y disciplinar los programas de gasto y las acciones reguladoras de las Comunidades Autónomas. Y es, en fin, la consecuencia de la pulsión localista que impregna la actuación de estas últimas alejándolas de la lealtad institucional que cabría esperar de sus Gobiernos autonómicos.


Esta descoordinación de la política económica se ve favorecida por el hecho de que, en España, el proceso de descentralización ha llegado demasiado lejos. Es así en términos de recursos, pues las Comunidades Autónomas gestionan casi en 36 por 100 del gasto público total, una proporción ésta que excede claramente al promedio de los países federales de la Unión Europea —Bélgica, Austria y Alemania— en los que los gobiernos regionales se adjudican sólo un 25 por 100. Y lo es también en el ejercicio de las competencias reguladoras, lo que ha dado lugar a una genuina fragmentación del mercado interior en numerosos sectores, tal como han mostrado en un reciente trabajo los profesores Rocío Albert y Rogelio Biazzi.


Los ciudadanos no han sacado ventaja de este estado de cosas. El fracaso del sistema educativo, las crecientes desigualdades en el acceso a servicios públicos esenciales como la sanidad, la discriminación lingüística en las regiones que cuentan con dos lenguas cooficiales, la inseguridad jurídica que se deriva de una administración judicial obsoleta y fragmentada, y la falta de una verdadera igualdad de oportunidades ante las Administraciones Autonómicas para licitar en sus concursos o para obtener de ellas ayudas y subvenciones, son problemas relevantes que se dejan sentir con una intensidad cada vez mayor. Pero lo más relevante ahora es que con la actual organización territorial del Estado es prácticamente inviable el desarrollo de una política para la salida de la crisis, pues el Estado no dispone de los recursos suficientes y se ve impelido a malgastarlos en dar satisfacción a los intereses espurios de los gobiernos regionales, en especial de aquellos que, ostentados por coaliciones nacionalistas, intercambian reconocimientos competenciales o dotaciones presupuestarias por su apoyo político en el Parlamento de la Nación. De ahí que sea impostergable la revisión del marco competencial de las diferentes Administraciones para resolver los principales problemas, también los económicos, que acucian a los ciudadanos. Esta es una tarea que deberá emprenderse a la vez que se aborda la política económica para afrontar la crisis, lo que sin duda complica aún más las cosas al estrechar el margen de actuación del Gobierno.

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